EL UNICORNIO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: VALOR POR DINERO, ¿ES UNA MITO O UNA POSIBILIDAD REAL?
El valor por dinero -VpD- es un concepto nuevo en la compra pública ecuatoriana, pero un principio que ha rondado la contratación estatal mundial desde hace tiempo. Hay experiencias en varios países que nos pueden enseñar si este principio realmente cumple con su objetivo, o si no es más que un lindo unicornio en el cuento de hadas de las compras públicas. Es fácil poner en blanco y negro una idea que, a todas luces, parece coherente y congruente con el objetivo principal de la contratación, lo difícil es ponerla en práctica en un ambiente en donde nos han inculcado, a veces a la fuerza, que lo que más importa es el precio mas bajo. Aterrizar este principio en la normativa es solo el inicio, para completar el ciclo se necesita más que leyes; es necesario un cambio de mentalidad, conocimientos técnicos (no legales ni procedimentales), auditorías por desempeño y no por cumplimiento de requisitos procedimentales, el enraizamiento transversal en todo el proceso de esta idea, lineamientos claros de su uso. El concepto de valor por dinero nos obliga a ver más allá de lo que hemos aprendido y repetimos constantemente, debemos salirnos de la caja administrativa impuesta. La pregunta es: ¿estamos listos para dar ese paso?
ENTENDIENDO EL CONCEPTO DE VALOR POR DINERO
Entender el concepto de valor por dinero en la contratación pública es fundamental, aunque muchas veces se lo percibe como un unicornio: mítico, deseado, pero difícil de encontrar. Este principio no se trata solo de elegir la oferta más barata, sino de alcanzar el equilibrio ideal entre precio, calidad, sostenibilidad y beneficios a largo plazo. Reconocer su importancia es clave para transformar la lógica de compras públicas meramente formales en verdaderas decisiones estratégicas.
Cuando pensamos en valor por dinero, lo primero que viene a nuestra mente es “sacar el mayor provecho del precio ofertado”. Pero ¿realmente sabemos lo que significa sacar el mayor provecho? O ¿pensamos en el valor por dinero como esa figura mítica que se ve bien en teoría, pero no podemos alcanzar?
El Banco Mundial define al VpD como el uso Eficaz, Eficiente y Económico de recursos (E-E-E), en donde la mejor oferta busca el ahorro de costos, pero no necesariamente supone el valor de adquisición más bajo. Entonces, dependerá del objeto de contratación si la eficiencia, eficacia y economía suponen el menor precio o se valorarán otros elementos considerados más importantes y el precio pasa a asegundo plano. Así, puede entenderse como sinónimos del VpD a la optimización, el retorno de inversión o calidad por precio.
La idea primaria de este principio es la minimización de costos en todo el ciclo del proceso de compra. Ojo que esto no implica necesariamente reducción de presupuesto o de talento humano, sino la optimización de los recursos existentes. En este sentido deben alinearse las actuaciones de la administración pública, de los oferentes participantes y de los organismos de control, a lo largo de todo el proceso de contratación y de su ejecución. A este tipo de adquisiciones puede denominárseles compas estratégicos, cuyo objetivo es el desarrollo social y económico del país.
ELEMENTOS CLAVE DEL VpD: CÓMO Y CUÁNDO UTILIZARLO
Ahora que nos hemos acercado un poco más a esta mítica figura, es importante entender las bases para su correcta aplicación, o por lo menos intentarlo. Parecería que este concepto es solo para los más valientes, pero en realidad requiere abrir la mente y olvidar la manera clásica en la que hemos venido trabajando: un mind reset.
Para que este principio deje de ser un mito urbano, lo primero que necesitamos es que esté incorporado formalmente en la normativa. No como una frase bonita en la introducción de un manual, sino como una directriz clara que dé respaldo a los servidores públicos. Porque mientras no esté en blanco y negro, usar el VpD seguirá siendo un acto de valentía (o locura), con miedo constante a que venga la Contraloría a decir: “Eso no estaba permitido”.
Además, si queremos que el VpD pueda ser usado, es urgente trazar una línea clara entre lo que es “costo más bajo” y lo que son otros elementos clave del objeto de contratación: calidad, innovación, sostenibilidad, impacto social, etc. Porque ahora todo va al mismo saco, y al final gana la oferta más barata, aunque no sirva para nada. ¿Resultado? Compramos barato, pagamos caro. El VpD exige criterios distintos y diferenciados, para dejar de premiar únicamente el ahorro inmediato y empezar a reconocer las soluciones reales y de largo y mediano plazo.
Ahora bien, no basta con hablar bonito. El VpD necesita reglas del juego claras y públicas, tanto para quien compra como para quien oferta. Servidores públicos que saben cómo aplicar el principio, cómo calificar ofertas y qué parámetros usar, y oferentes que entienden a qué atenerse. Sin sorpresas, sin “cada entidad hace lo que puede”, sin ese aire de misterio contractual que convierte a cada proceso en una aventura distinta. Mientras tanto, los pliegos siguen pareciendo acertijos y las ofertas, ejercicios de adivinanza.
También es hora de definir, sin rodeos, qué factores adicionales al precio se van a tomar en cuenta. No podemos decir que buscamos valor por dinero y luego calificar el 90% por precio. ¿Queremos calidad, innovación, sostenibilidad? Perfecto, pongámoslo en el pliego. Y que los oferentes sepan que no se trata solo de bajar el costo, sino de resolver un problema real. Combinar factores no es hacer malabares, es establecer una lógica coherente para evaluar lo que realmente importa.
El VpD no puede ser una estrella fugaz que aparece solo en la etapa de calificación. Tiene que ser un principio transversal, desde la planificación hasta la auditoría.
Por parte del SERCOP: Crear un listado de objetos de contratación en los que el precio más bajo no sea el elemento decisivo, de tal forma que exista claridad en cuando deba usarse el concepto de VpD. Por ejemplo, toda adquisición de tecnología valorará más la innovación, calidad, desarrollo, que el precio que se pueda obtener. Elaboración de fichas técnicas para los bienes y servicios estandarizados cuyo atributo decisivo sea el precio, de tal manera que no sea posible incrementar subjetivamente requisitos técnicos.
En la fase preparatoria: usar recursos con cabeza, diagnosticar necesidades reales a través de Estudios de Demanda (no lo que la entidad cree que necesita sino lo que realmente la sociedad requiere), y diseñar procesos con foco en desempeño, no en burocracia (que tanto este objeto de contratación sirve para solucionar el problema que tiene la sociedad o la necesidad que tiene la comunidad), determinación clara del objeto de contratación y si el precio más bajo es un factor decisivo o no según éste.
En la fase precontractual: flexibilizar la forma y requisitos de presentación de ofertas, permitir innovación, eliminar procesos innecesarios.
Contractual y en la ejecución: reducción de tecnicismos procedimentales y legales, evaluaciones por cumplimiento del objeto de la contratación, no la mera entrega del bien y prestación del servicio, sino su cumple con su objetivo social por el que fue requerido o si satisface una necesidad real.
Para lograrlo, necesitamos profesionalizar al personal, sí, pero también contar con expertos en VpD que acompañen todo el ciclo. Y más allá: crear una cultura, tanto en lo público como en lo privado, donde buscar el valor por dinero no sea un acto heroico, sino el estándar mínimo.
Lo más importante es entender que no se trata de un principio que abarque la esfera de lo legal, sino que es netamente técnico, con un componente económico y social alto, por lo que requiere ser tratado y entendido de tal forma.
EL MITO PUEDE ATERRIZARSE A LA REALIDAD
No es un secreto que, a nivel mundial, la aplicación del principio de valor por dinero no ha alcanzado los resultados esperados. Basta mirar a la Unión Europea, donde, a pesar de que su formalización data de 2012, aún se encuentra en búsqueda de mecanismos efectivos para implementarlo. En Estados Unidos, su utilización ha exigido una transformación significativa del enfoque tradicional, flexibilizando las formas de participación de los oferentes para permitir la innovación y delimitando claramente aquellos objetos contractuales en los que el precio sí debe ser el factor predominante.
Si bien es un avance que muchas legislaciones ya hayan incorporado formalmente el concepto del VpD, habilitando su uso desde el punto de vista normativo, la falta de conocimiento y la ambigüedad sobre cómo aplicarlo en la práctica han generado un efecto contrario. Muchos funcionarios, temerosos de ser cuestionados, prefieren omitir criterios distintos al precio al momento de contratar. Esto responde, en gran medida, a una visión histórica y culturalmente arraigada que asocia —no siempre de manera acertada— que el menor precio garantiza un ahorro real para el Estado y reduce riesgos de corrupción.
Hasta ahora, los avances más concretos en la implementación del VpD se han dado en la etapa de evaluación de ofertas. Sin embargo, en el resto de las fases del procedimiento sigue siendo un concepto difuso, casi tabú, lo que alimenta el temor —muy real— de que su uso genere observaciones en procesos de auditoría posteriores. Esta falta de transversalidad impide que el VpD funcione como un principio estructural y articulador de todo el ciclo contractual.
De esta manera, para aprender de las experiencias globales, y llevar al VpD en Ecuador a otro nivel, es necesario tomar en cuenta que se requiere:
Delimitación de los objetos de contratos en los que el precio no sea el atributo mas importante.
Determinación de fichas técnicas para bienes y servicios estandarizados, que impidan el establecimiento de criterios subjetivos.
Reglas claras y lineamientos objetivos, que permitan a las entidades y a los privados entender, sin necesidad de interpretaciones extensivas, cómo y cuando usar el principio de VpD.
Personal especializado en VpD, que acompañe de manera transversal el proceso de compra hasta su etapa de auditoría, y que pueda capacitar a quienes realizan compra pública.
Cambio de cultura en la compra pública, abrir la mente más allá del valor económico y entender el real propósito de las compras estatales. Recordemos que muchas veces lo barato sale caro.
Pensar en cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo cuando se planifican las compras, lo que permitirá cumplir con el objeto de la contratación pública que es el cubrir las necesidades de la sociedad.
En contratación pública, el valor por dinero es como ese unicornio del que todos hablan, pero pocos han visto: se menciona en normas, informes y discursos, pero en la práctica, ¡sigue galopando libre y esquivo! No se trata solo de pagar menos, sino de comprar bien: con calidad, eficiencia, impacto positivo y sentido común. Entender este principio es dejar de cazar ofertas baratas sin futuro y empezar a buscar decisiones inteligentes que realmente beneficien al Estado y a la ciudadanía. Porque sí, el unicornio existe, solo que hay que saber buscarlo.
